EDITORIAL

Avances en el camino hacia el Pacto Fiscal

La decisión del presidente Evo Morales de convocar a la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías, donde el Gobierno central se propone presentar su propuesta técnica de diálogo para abrir el camino hacia el Pacto Fiscal, ha sido recibida por los diferentes sectores interesados en el proceso con cierta mezcla de escepticismo y entusiasmo.
Ambas reacciones ante el desafío son comprensibles, pues si se recuerda los muchos que han sido los escollos que desde el Gobierno central se han ido poniendo durante los últimos años en el camino por el que debe avanzar el proceso autonómico, hay motivos suficientes para dudar de la sinceridad que inspira la iniciativa gubernamental. Sin embargo, desde otro punto de vista, y considerando que hasta hace pocos días la decisión de posponer indefinidamente el tema parecía irreversible, el cambio de actitud permite alentar ciertas esperanzas en la posibilidad de que, aunque más lentamente de lo que sería de desear, el avance hacia un régimen autonómico no se detendrá.
El primer paso de la nueva etapa será, cumpliendo lo que manda la Ley Marco de Autonomías, la constitución del Consejo Nacional que deberá estar conformado por el Presidente del Estado, los Ministerios de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomías; los gobernadores de los nueve departamentos; cinco representantes de la Federación de Asociaciones Municipales; cinco representantes de las autonomías indígenas y un representante de las autonomías regionales.
A primera vista, puede parecer poco oportuno proceder a la conformación de tan importante consejo en vísperas de un proceso electoral que culminará con la previsible renovación de gran parte de quienes están llamados a ser sus integrantes. Sin embargo, si se considera que más allá de las personas lo que importa es el andamiaje institucional, se puede esperar que quienes resulten sus miembros fundadores estén a la altura de la tarea histórica que les tocará cumplir y sienten las bases para que sus sucesores den los pasos siguientes.
De cualquier modo, serán los hechos y no las declaraciones de buenas intenciones las que muy pronto den más elementos de juicio para saber si son o no infundadas las dudas y las esperanzas.
Felizmente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, a pesar de sus muchas limitaciones, es suficientemente clara en los aspectos centrales como para no dejar mucho margen a las especulaciones y dilaciones. Y así como fueron por demás evidentes las maniobras hechas durante los últimos años por el Gobierno central para eludir su aplicación, ahora también serán los resultados los que pongan a prueba la buena fe del Órgano Ejecutivo y sus operadores.
Por eso, dados los antecedentes del tema y las comprensibles limitaciones impuestas por las circunstancias electorales, lo más razonable es no depositar demasiadas expectativas en lo que pueda salir de la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías. Pero tampoco se debe perder de vista que, si bien es necesaria cierta dosis de paciencia, tampoco ésta puede ser ilimitada y no sería desde ningún punto aceptable que se dé lugar a nuevas frustraciones.