EDITORIAL

Nuestra palabra

Más allá de los diversos argumentos que a lo largo de los años se han dado, de las anécdotas –generalmente atentatorias contra nuestra estima nacional– y de los resultados, lo cierto es que el 14 de febrero de 1879, Chile invadió nuestro territorio, dando inicio a una guerra que significó, al margen de los dolorosos costos humanos, convertirnos en un país enclaustrado.
Es un error profundo evaluar los sucesos del siglo antepasado con los valores de hoy, pero sí es urgente recordar que aquellos actos que significaron mutilaciones geográficas y evidentes perjuicios para alcanzar niveles aceptables de desarrollo pueden y deben ser reparados. Eso es lo que desde el fin de la Guerra del Pacífico los gobiernos que se sucedieron en el país han pedido a Chile y han planteado al mundo una demanda legítima y justa.
En todo este tiempo, y salvando excepciones (generalmente dictaduras que la historia se ha encargado de condenar), desde Bolivia se han elaborado las más diversas propuestas y estrategias para recuperar una salida soberana al Océano Pacífico. Mientras que en todo este tiempo, en Chile se han atrincherado en su negativa utilizando diversas máscaras para justificarse.
Ha habido, en este sentido, interesantes experiencias, así hayan terminado siendo fallidas. Se han cometido errores, como también se ha mantenido vivo un espíritu de esperanza en que, finalmente, algún día la dirigencia chilena asumirá el gran desafío de eliminar el principal obstáculo para impulsar la integración entre ambos pueblos y la región toda.
Hoy se ha abierto una nueva etapa. La decisión del Gobierno de plantear un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se exija a Chile negociar de buena fe una respuesta viable a nuestra demanda marítima ha removido a la intelectualidad chilena, aunque ha reforzado a los sectores más conservadores y autoritarios de esa sociedad, hoy representados por un ministro de Relaciones Exteriores calificado, incluso por sus propios paisanos conocedores del tema y el mundo de la diplomacia, como uno de los dignatarios menos competentes para el ejercicio de estas labores.
Esto, sin dejar de reconocer que, como también sucede en Bolivia, su discurso agresivo, contradictorio y chauvinista pueda encandilar a una población que también vive un momento de tensión interna y requiere de permanentes acicates para seguir mirando el futuro con optimismo.
En este contexto, lo importante es que esta etapa encuentre al país abocado a atender la demanda ante la CIJ, ratificando su voluntad pacifista y de diálogo para alcanzar su justa reivindicación. Y quienes por principio nos adherimos a la democracia y la pacífica convivencia, debemos apoyar esta iniciativa cuyo buen resultado, hay que insistir, podría volcar la página y dar inicio a un proceso de encuentro, respeto y desarrollo que incluso podría ser ejemplo de integración.
Está, pues, una vez más en manos de Chile, la posibilidad de abrir esa compuerta. (Reedición)