Miércoles, 25 de febrero de 2015
 

AUDIENCIA. Boris Villegas declaró ayer como testigo de descargo de los acusados en Padilla.
AUDIENCIA. Boris Villegas declaró ayer como testigo de descargo de los acusados en Padilla.

EL TESTIGO REFORZÓ EL DISCURSO DE LOS ACUSADOS

24 de Mayo: Villegas apunta a Llorenti

24 de Mayo: Villegas apunta a Llorenti



El ex personero del Ministerio de Gobierno también incriminó a Rada y Farfán

Sucre y Padilla/CORREO DEL SUR

El testigo “clave” de los acusados en el caso 24 de mayo, el ex jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, incriminó ayer al actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, al sindicarlo de promover los hechos que derivaron en la vejación a campesinos el año 2008 en Sucre. La Fiscalía justificó el accionar de Llorenti y aseguró tener todas las pruebas para incriminar a los imputados.
Villegas fue presentado como testigo de descargo en el juicio que se lleva adelante en la población de Padilla, donde el presidente del tribunal de Sentencia, Ofman Padilla, escuchó atentamente las declaraciones en esta etapa de producción de prueba.
En sus primeras palabras sobre el caso 24 de mayo, Villegas afirmó que Llorenti en su condición de Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales estuvo en Sucre antes de los hechos de violencia para “contrarrestar” el “clima de beligerancia” que se vivía en Chuquisaca. ¿Cómo contrarrestó? “No quisiera llamar que se conformaron grupos de choque, pero sí se conformaron grupos de defensa, dado que si supuestamente se estaba agrediendo a los campesinos, los campesinos también tenían que defenderse”, subrayó.
Después, puntualizó que “la labor del señor Sacha Llorenti fue la de organizar y subvencionar a grupos de personas que generen violencia, a grupos de personas que justifiquen la necesidad para que el Ministerio de Gobierno pudiera posteriormente tomar acciones de hecho, con un fin directamente político, como se hizo en Santa Cruz, en Pando, como se hizo en otros departamentos”.
Reveló que como en otros casos que terminaron en procesos penales, el “gabinete jurídico” era una instancia de máxima decisión política para anular opositores según Villegas compuesta por los ex ministros de Gobierno, Alfredo Rada, de Transparencia Nardi Suxo, de Defensa Walker San Miguel, el ex viceministro de Justicia Wilfredo Chávez y el entonces diputado Héctor Arce.
Dijo que desde este Gabinete Jurídico, se instruyó “eliminar” políticamente a los miembros del Comité Interinstitucional y en la audiencia señaló a Fidel Herrera, Savina Cuéllar, Jaime Barrón, Jhon Cava, Aidée Nava y el universitario Jamil Pillco.
“Las instrucciones eran que se los tenían que apretar al máximo y no se podía dejar pasar lo que habían hecho (…), vale decir, por mi experiencia trabajando con el Ministerio de Gobierno obviamente a los señores no se les tenía ninguna simpatía, se los veía como unos enemigos políticos, a los cuales políticamente había que acabarlos utilizando para aquello vías judiciales”, sostuvo.
Villegas también apuntó al viceministro de Régimen Interior de la época, Marcos Farfán, quien debía bajar la línea del gabinete jurídico para los juicios hasta las cabezas de la Corte Suprema, Fiscal General y fiscalías de Distrito.
Aseguró que ahora busca que los verdaderos responsables estén en el banquillo de acusados o en la cárcel. “No me anima ningún ánimo de revanchismo ni de venganza política”. “Los verdaderos responsables están pues, disfrutando de ser ministros y embajadores. Esos son los verdaderos responsables”, dijo al señalar a Alfredo Rada, Marcos Farfán y Sacha Llorenti.
En la audiencia, sólo los abogados de los acusados preguntaron, la Fiscalía prefirió el silencio.


REACCIONES
Para los acusados del caso 24 de mayo, Jaime Barrón, Aydeé Nava, Jhon Cava estas declaraciones demuestran la hipótesis de que la violencia en Sucre fue “planificada”, “maquinada” y “provocada” por el Gobierno para enjuiciarlos políticamente.
“El señor Boris Villegas dijo de la forma más contundente el día de hoy (por ayer) en su declaración que sí se ha mandado a Sacha Llorenti a Sucre para que provoque, porque la ciudad estaba muy sensible por lo que había sucedido en La Calancha. Es más, ellos sabían que la población no quería que llegue el señor Presidente, que una provocación como esa lamentablemente iba a derivar en aquello”, afirmó Nava.


MINISTERIO PÚBLICO
El fiscal asignado al caso, Lisandro Álvarez, por su lado, lamentó que el testigo de descargo haya eludido hablar del fondo del tema que a su juicio son los hechos de humillación, vejación y agresión a campesinos.
“El testigo no ha desvirtuado para nada la participación que han tenido cada uno de los acusados en el caso 24 de mayo”, sostuvo al asegurar que la defensa de los investigados está dilatando el proceso.
“Está muy lento el juicio y eso es parte de la estrategia de los acusados de seguir retardando esto, pese a que refieren que de una vez se esclarezca, que esto culmine, en los hechos lo único que están haciendo es dilatar el proceso”, cuestionó.
Respecto a la participación de Llorenti, Álvarez aclaró que en los hechos de 2008 el incriminado por los acusados era viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y su presencia en Sucre días antes de la vejación sólo era para coordinar con los beneficiarios que debía recibir ambulancias y cheques de manos del presidente Evo Morales.
Finalmente, el fiscal Departamental, Roberto Ramírez, por su lado, dijo que lo único rescatable de la declaración de Boris Villegas es que algunos testigos de descargo mienten, pues anteriormente al periodista Edgar Fernández lo había señalado como un conocido de hace años, lo que facilitó la entrevista que dio pie a su presencia en este juicio como testigo. Sin embargo, Villegas refutó tal afirmación cuando la Fiscalía le preguntó al respecto.

Etapa del juicio

Agotada la actividad probatoria comenzará un periodo de conclusión de las partes y considerando que son 15 los acusados, el juicio concluiría a mediados de año, pronosticó el abogado de la defensa, Jaime Tapia.

Juristas ven presión; el Fiscal lo niega

Abogados de la Capital consideran que hay presión y coacción a las personas acusadas para que se declaren culpables a cambio de una pena mínima lo cual le permite a los acusadores, en este caso la Fiscalía y el Gobierno, mostrar como un logro las declaraciones de culpabilidad.
La ex presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia Silvia Salame señaló que con los procesos abreviados en los casos de Terrorismo y 24 de mayo, el ganador es el Gobierno porque consiguió debilitar y cansar a los acusados durante varios años de juicio para que se declaren culpables.
El abogado penalista Arturo Yáñez añadió que normalmente se llega a un procedimiento abreviado, luego de una negociación entre el acusado y la Fiscalía, cuando no hay suficiente prueba para demostrar la culpabilidad del acusado durante el juicio y entonces la Fiscalía negocia para conseguir al menos una pena mínima.
En respuesta, el fiscal Departamental, Roberto Ramírez, calificó de “irresponsables” esas aseveraciones considerando que el sometimiento a un procedimiento abreviado es estrictamente voluntario. “Además de ello, la persona no acepta un procedimiento abreviado porque no haya hecho nada, acepta su culpabilidad en la existencia del hecho”, sostuvo