TENSIÓN. El candidato Gustavo Torrico (MAS) y el diputado Amilcar Barral (UD) en La Paz, ayer.

ACTORES JUDICIALIZAN LA CRISIS EN EL FONDO INDÍGENA

Querella contra Achacollo y Huanca caldea los ánimos

La Paz/Agencias

La querella penal que ayer presentó Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD), en contra de 15 personas acusadas de haber malversado recursos del Fondo Indígena, entre ellas la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, la candidata a la gobernación de La Paz, Felipa Huanca, y el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Rodolfo Machaca, terminó caldeando los ánimos en filas oficialistas. El informe de la Contraloría General del Estado que reveló un daño económico de al menos Bs 71 millones al Estado, continúa generando reacciones y destapando denuncias.
“Estamos presentando la querella contra la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras (Nemesia Achacollo), la presidencia del Fondo Indígena y el directorio de este Fondo por varios tipos penales, pero principalmente por haber malversado recursos”, manifestó Quispe al detallar que el proceso iniciado es por los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción pública.
De los 3.200 proyectos que financió el Fondo Indígena, 1.340 están en proceso de ajuste, 592 deben cambiar de nombre y 894 en ejecución con pagos de 50% y 70%, según informó el abogado de Quispe, Eduardo León. “Sin embargo, ninguno de los proyectos mencionados fue concluido”, precisó.
De acuerdo con la documentación presentada a la Fiscalía, la CSUTCB recibió un 32.5% de los recursos del Fondo, la Confederación de Colonizadores (Interculturales) un 28.59%, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Q'ollasuyo (CONAMAQ) un 13% y la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa un 25%.
Además de Achacollo, Huanca y Machaca en la lista de acusados figuran nombres de los líderes campesinos Damián Condori, Julián Jala, Juanita Ancieta, dirigente nacional de las Bartolinas, Ever Choquehuanca, entre otros.
Al respecto, en Sucre, el ejecutivo suspendido de la CSUTCB, Damián Condori, pidió a Achacollo y a los ministros que la precedieron que colaboren con las investigaciones y que ayuden a “transparentar” la administración del Fondo Indígena. “Deberían transparentar (…) Las autoridades competentes (después), darán a conocer si hubo o no malversación”, dijo al recordar que él y Juanita Ancieta, ex dirigente de las Bartolinas, le pidieron al presidente Evo Morales, en “dos o tres ocasiones”, que se practiquen auditorías a los proyectos del Fondo Indígena.
A su turno, el ejecutivo de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, anunció que esa organización se querellará contra el Fondo Indígena.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, interpretó la querella del diputado Quispe como un “show político”.


PELEA Y DEMANDA
Las acusaciones y anuncios de demanda estuvieron a punto de terminar a golpes ayer en La Paz. Una discusión entre el candidato a asambleísta del MAS, Gustavo Torrico, y los diputados Rafael Quispe y Amilcar Barral (UD), sobre los malos manejos de los recursos del Fondo Indígena terminó en un intercambio de insultos y casi a los golpes.
El hecho se registró cerca al mediodía, cuando los tres políticos coincidieron en la plaza Murillo. Torrico daba declaraciones a la prensa sobre la malversación de Bs 566 mil en un proyecto de reorganización sindical en el que vinculó a Quispe, quien se encontraba a unos pasos.
Añadió que Quispe se descargó con facturas de boletos de avión cuando ejercía el cargo de líder del CONAMAQ.
Torrico casi llegó a los golpes cuando el diputado Barral intentó defender a su colega de partido en un momento de tensión, ante la presencia de periodistas en plaza Murillo.
Tras la sindicación de Torrico, Quispe anunció, por la tarde, otra querella en contra del candidato del MAS por “calumnia y difamación” tras haberlo acusado de manejo irregular de al menos Bs 566 mil del Fondo Indígena.


MÁS DENUNCIAS
A la denuncia de una eventual separación del directivo de la CSUTCB, Joel Guarachi, por las revelaciones que hizo sobre las irregularidades en el Fondo Indígena, ayer se sumó la ejecutiva de la Federación de Campesinos de Beni, Katia Chávez, quien señaló que técnicos de esta entidad le pidieron 10% del dinero destinado a sus proyectos para “agilizar” su aprobación y desembolso.
Pese a la intervención del Ministerio de Transparencia en el Fondo Indígena, el tema sigue generando polémica.

Irregularidades

El daño económico denunciado por la Contraloría ya fue denunciado ante el Ministerio Público en un proceso penal que incluye a Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, ex directores del Fondo Indígena entre 2010 y 2013.