EDITORIAL

Negociación salarial

Siguiendo el ritual correspondiente, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) han inaugurado negociaciones sobre el pliego petitorio planteado por la organización sindical en el que lo predominante, como siempre, es el pedido de un incremento salarial por encima de las posibilidades del Estado para satisfacerlo.
También como siempre, los dirigentes de la COB se resisten a que para tratar éste y otros temas relativos al trabajo se instalen mesas tripartitas de negociación: Gobierno, trabajadores y empresarios, de manera que los tres pilares de la economía puedan establecer acuerdos de largo plazo y beneficio común.
Tras la gran cesión que hicieron los actuales dirigentes de la COB de abandonar el principio de la independencia política, que rigió desde su fundación, y aceptar aliarse con el Gobierno de turno por presuntas identificaciones ideológicas, son incapaces de comprender que hoy en el mundo hay la necesidad de subordinar muchas demandas a la mantención y creación de empleo digno y seguro, negándose a ver que el predominio de esa incomprensión tiene serias consecuencias sociales como el empleo precario, la crisis de la seguridad social y la representación sindical tradicional, individualización y multifuncionalidad de empleo, etc.
En ese contexto, pedir un incremento salarial por encima de las posibilidades del Estado o de las empresas privadas, lleva consigo el riesgo de que en vez de garantizar e incluso ampliar el mercado laboral digno y estable signifique el cierre de fuentes de trabajo.
Empero, los dirigentes sindicales –y no pocos dirigentes políticos– siguen concibiendo un Estado gigantesco capaz de atender todas las demandas de la sociedad, al punto que las tímidas respuestas gubernamentales incluso son calificadas como expresión de “fascismo” en la jerga que en contra de las dictaduras de los 70 y 80 se utilizaba.
Lamentablemente, el discurso gubernamental es ambiguo. Si bien en el área económica predomina una visión moderna y pragmática de la realidad coexisten corrientes radicales que hacen profesión de fe en el pasado y actúan con total falta de coherencia con la primera. El costo de esta ambigüedad en una realidad tan compleja como la actual y que es mantenida, por lo demás, para seguir ampliando la capacidad gubernamental de copar más espacios de poder, y seguir manteniendo rutinas que, como muestra la experiencia, sólo provocan nuevas frustraciones sociales.
De ahí que anualmente se mantiene el ritual vigente de los años 50, con un importante actor de la economía, el empresarial, ausente de un debate sobre trabajo, y con un Estado que debe hacer filigranas para satisfacer las demandas de eventuales aliados con los siempre limitados recursos con los que cuenta.
Si es correcto este análisis, el Gobierno podría –dadas sus características particulares– romper ese ritual anual, y convencer a las partes de que el diálogo y la concertación transparentes entre Estado, trabajadores y empresarios es el mejor método para definir rumbos de la economía y, especialmente, mejorar las condiciones del mercado laboral y, como consecuencia, los beneficios sociales que un trabajo digno y estable debe ofrecer a la gente.