EDITORIAL

El caso del Fondo Indígena

De acuerdo con un informe de la Contraloría General del Estado, hay serios indicios de la comisión de actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), razón por la que el Ministerio Público debe proceder a realizar la investigación correspondiente.
Los indicios son fuertes y las sumas en juego según algunos informes llegan a 70 millones de bolivianos y, según otros, a más de 200 millones. El tema ha preocupado tanto al Órgano Ejecutivo que en contra de una tradición de empeñarse en mantener a directivos cuestionados en sus puestos (salvo que de alguna manera molesten al Primer Mandatario), el Gobierno ha decidido intervenir la entidad para garantizar una transparente investigación.
De inmediato, los representantes en las organizaciones indígenas que integran el directorio del Fondo, que actúa bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, han reclamado porque la interventora nombrada “no es indígena” ni han sido consultados para ese nombramiento.
Al margen de la anécdota, el tema, que tiene que ser dilucidado, ha puesto en la mesa de debate el profundo carácter discriminador de la sociedad boliviana. En unos casos, es francamente ofensivo leer una serie de comentarios en las denominadas redes sociales, que hacen profesión de fe de un racismo intolerable.
En otros, la actitud de los representantes indígena campesinos llega a mostrar un elevado grado de cinismo. No sólo que exigen un interventor indígena, habiendo, previamente, destituido de la instancia colegiada al colega que hizo las denuncias de corrupción. Peor aún, una de las sindicadas de cometer irregularidades, actual candidata a gobernadora de La Paz por el MAS, ha salido muy suelta de cuerpo no a explicar el manejo de los recursos sino a afirmar que se la procesa sólo por ser mujer e indígena.
Una tercera posición es la de una serie de autodenominados intelectuales afines al MAS o al proceso de cambio, que asumen una postura señorial al intentar explicar e incluso justificar estos hechos de corrupción porque quienes los cometen son o serían indígenas.
Se trata de tres corrientes que este proceso de cambio no sólo que no ha modificado sino que ha profundizado, polarizando sin necesidad a la población, pero que provoca que se cosechen tempestades por haber sembrado vientos.
Esta experiencia exige retomar conceptos fundamentales del sistema democrático, uno de los cuales es que todos somos iguales ante la ley y en el que hay –o deben haber—ciudadanos con derechos y obligaciones, sin diferencias de origen racial, étnico, religioso, sexual o cultural. Pero, si hay evidentes diferencias, establecer discriminaciones positivas que ayuden a incorporar en el concepto de ciudadanía a quienes estén en situación de marginamiento y desventaja, como sucedió –e incluso sucede– en el caso de las mujeres y los indígenas.
Pero, se trata de discriminación a plazo fijo, porque, de lo contrario, seguimos apuntando a la construcción de guetos sin sentido, pues sólo obstaculizan procesos de desarrollo y modernización que ayudan a que todos, hombres y mujeres, podamos vivir mejor.
Mientras se mantengan artificiales diferencias, los sentimientos atávicos de racismo o de postura señorial, estemos seguros de que no avanzaremos mucho.