EDITORIAL

El caso del Fondo Ind�gena

De acuerdo con un informe de la Contralor�a General del Estado, hay serios indicios de la comisi�n de actos de corrupci�n en el Fondo de Desarrollo Ind�gena Originario Campesino (Fondioc), raz�n por la que el Ministerio P�blico debe proceder a realizar la investigaci�n correspondiente.
Los indicios son fuertes y las sumas en juego seg�n algunos informes llegan a 70 millones de bolivianos y, seg�n otros, a m�s de 200 millones. El tema ha preocupado tanto al �rgano Ejecutivo que en contra de una tradici�n de empe�arse en mantener a directivos cuestionados en sus puestos (salvo que de alguna manera molesten al Primer Mandatario), el Gobierno ha decidido intervenir la entidad para garantizar una transparente investigaci�n.
De inmediato, los representantes en las organizaciones ind�genas que integran el directorio del Fondo, que act�a bajo tuici�n del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, han reclamado porque la interventora nombrada �no es ind�gena� ni han sido consultados para ese nombramiento.
Al margen de la an�cdota, el tema, que tiene que ser dilucidado, ha puesto en la mesa de debate el profundo car�cter discriminador de la sociedad boliviana. En unos casos, es francamente ofensivo leer una serie de comentarios en las denominadas redes sociales, que hacen profesi�n de fe de un racismo intolerable.
En otros, la actitud de los representantes ind�gena campesinos llega a mostrar un elevado grado de cinismo. No s�lo que exigen un interventor ind�gena, habiendo, previamente, destituido de la instancia colegiada al colega que hizo las denuncias de corrupci�n. Peor a�n, una de las sindicadas de cometer irregularidades, actual candidata a gobernadora de La Paz por el MAS, ha salido muy suelta de cuerpo no a explicar el manejo de los recursos sino a afirmar que se la procesa s�lo por ser mujer e ind�gena.
Una tercera posici�n es la de una serie de autodenominados intelectuales afines al MAS o al proceso de cambio, que asumen una postura se�orial al intentar explicar e incluso justificar estos hechos de corrupci�n porque quienes los cometen son o ser�an ind�genas.
Se trata de tres corrientes que este proceso de cambio no s�lo que no ha modificado sino que ha profundizado, polarizando sin necesidad a la poblaci�n, pero que provoca que se cosechen tempestades por haber sembrado vientos.
Esta experiencia exige retomar conceptos fundamentales del sistema democr�tico, uno de los cuales es que todos somos iguales ante la ley y en el que hay �o deben haber�ciudadanos con derechos y obligaciones, sin diferencias de origen racial, �tnico, religioso, sexual o cultural. Pero, si hay evidentes diferencias, establecer discriminaciones positivas que ayuden a incorporar en el concepto de ciudadan�a a quienes est�n en situaci�n de marginamiento y desventaja, como sucedi� �e incluso sucede� en el caso de las mujeres y los ind�genas.
Pero, se trata de discriminaci�n a plazo fijo, porque, de lo contrario, seguimos apuntando a la construcci�n de guetos sin sentido, pues s�lo obstaculizan procesos de desarrollo y modernizaci�n que ayudan a que todos, hombres y mujeres, podamos vivir mejor.
Mientras se mantengan artificiales diferencias, los sentimientos at�vicos de racismo o de postura se�orial, estemos seguros de que no avanzaremos mucho.