LIBRE. Familiares de Jhonny Vallejos recibieron al joven pintor a su salida del penal San Roque.
FISCALÍA VIABILIZA LA LIBERACIÓN DE JHONNY VALLEJOS, CON LA VENIA DE LA GOBERNACIÓN
Pintor sale libre; denuncian ilegalidades en su proceso
Pintor sale libre; denuncian ilegalidades en su proceso
La defensa del joven no estuvo presente en la sorpresiva audiencia de ayer
Sucre/CORREO DEL SUR
Jhonny Vallejos, el pintor encarcelado a denuncia de la Gobernación por distorsionar un mural con el rostro del presidente Evo Morales, salió de la cárcel ayer, pero su defensa denunció que el proceso fue ilegal y que se pretende coartarle la libertad de expresión unos meses.
La Gobernación dio su visto bueno al pedido de la Fiscalía y el proceso quedó archivado; se apeló al uso de la figura del “criterio de oportunidad reglada”.
Sin embargo, sorpresivamente, el abogado del joven detenido la pasada semana “in fraganti”, bajo cargos de daño calificado, fue convocado al Tribunal Departamental de Justicia para una audiencia de consideración de salida alternativa al proceso contra su cliente; estando cinco minutos antes de las 10:00, hora fijada para el acto procesal, se encontró con que la audiencia ya se había llevado a cabo. Entonces denunció a los medios de comunicación que su cliente fue víctima de “un cuarteto delincuencial” conformado según él por autoridades y funcionarios de la Gobernación de Chuquisaca (querellante en este proceso), la Fiscalía, la Justicia y Defensa Pública.
“Es un simulacro, un hecho inédito en la administración de justicia, en la que un fiscal, prevalido de la Gobernación y en concomitancia con un juez como el 4to (de Instrucción en lo Penal), que se ha prestado a semejante payasada, han hecho una ficticia audiencia de consideración de medida alternativa y le han impuesto una suspensión condicional del proceso”, señaló.
A continuación dijo que esas instituciones dispusieron su salida del penal San Roque “y la condición es que este muchacho va a estar privado de expresarse durante un periodo de prueba que ellos le han dado de seis meses, en los que él no puede expresarse de ninguna manera, sino se va a reabrir el proceso penal”.
Afirmó también que para la audiencia de ayer “se han traído a un defensor a que se brinde a esta payasada, a un defensor de Defensa Pública, a formar parte de este cuarteto ??delincuencial de autoridades y de funcionarios y han hecho esta audiencia totalmente a mis espaldas”.
Tapia contó que una vez en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, la autoridad a cargo lo recibió y “no ha tenido el mayor empacho en decirme que habían anticipado la audiencia porque ya estaban todos los sujetos procesales, cuando yo soy el defensor de confianza de Jhonny Vallejos”; el abogado atiende gratuitamente al procesado desde que se conoció el caso, la pasada semana; es más, había planteado una apelación a la detención preventiva.
Contra una serie de improperios y cuestionamientos contra las autoridades del sistema judicial, Tapia adelantó que no permitirá que su cliente “esté mudo y con una mordaza en la boca”, por “esta canallada”.
Finalmente dijo que pedirá informes para saber de dónde salió, quién autorizó y dónde está el comprobante del gasto público hecho para la realización del mural distorsionado. Según la Gobernación, la obra costó Bs 80.000. “No es posible que se haya dicho de manera falsa, se haya emitido una certificación falsa en la que se hace ver que hubiese habido un gasto y que ese mural hubiese tenido algún valor monetario erogado con el dinero de los chuquisaqueños”, sentenció.
SÓLO LA LEYENDA
Por su parte, Vallejos dijo ayer que él sólo pintó la leyenda en el mural (“Devuelvan los escaños a Sucre)” y no hizo la distorsión en el rostro del presidente Morales, que ahora muestra una nariz prolongada y bigote.
Al igual que su abogado denunció la forma en que se realizó la audiencia cautelar de ayer, a la que denominó “audiencia express”
“Pedir que no se coarte el derecho a la libre expresión como lo han hecho en este caso, ahora me piden en esta ‘audiencia express’ que he tenido que me limite a hacer algunos trabajos, que limite mi forma de ser, pero como artistas nosotros siempre hemos luchado contra eso”, señaló.
Consultado si fue el autor de la distorsión del mural, dijo que sólo pintó la leyenda “con el pedido de la evolución de los escaños. Ha sido una mañana que he despertado me he levantado y he escrito lo que sentía, al ver que no puedo tener canales de difusión”.
La anterior semana, el caso de Vallejos movilizó a decenas de personas que cuestionaron el actuar de la Gobernación y el accionar de la Justicia; el hecho incluso traspasó las fronteras y fue noticia en medios de comunicación internacionales.
El Ministerio Público aclara que el proceso quedó cerrado
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, señaló ayer que el caso de Jhonny Vallejos quedó extinguido al haberse optado en el proceso por una salida alternativa, como es el “criterio de oportunidad reglado”.
La autoridad dijo que al haber solicitado el imputado una salida alternativa que evite el juicio oral, al igual que lo hizo la Gobernación, la Fiscalía canalizó ambos pedidos, en el marco de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal.
De esa forma, aclaró que no se apeló a una suspensión condicional del proceso –como denunció la defensa de Vallejos– sino que se optó por la aplicación de la figura del criterio de oportunidad reglada, una excepción al principio de legalidad en términos jurídicos.
“Ha habido la extinción de la acción penal, el proceso ha concluido, el imputado no va a registrar ningún tipo de proceso”, afirmó categóricamente, al calificar como infundadas las aseveraciones en sentido contrario que amplificaron ayer medios de comunicación radial.
Entretanto, este diario intentó hasta anoche conocer la versión de la Gobernación sobre el caso y las denuncias proferidas por la defensa del joven pintor; sin embargo, la comunicación no fue posible.
CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA
Es una excepción al principio de legalidad, por el que se concede al Ministerio Público la facultad de prescindir de la persecución penal pública.
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