EDITORIAL

Las lecciones de Apolo

Es tan grande el reto que como país debemos afrontar, que urge subordinar diferencias ideológicas –siempre pasajeras– en función a la elaboración de una estrategia común

La violencia desatada en la localidad de Apolo en La Paz, a consecuencia de la tarea de erradicación de cultivos ilegales de coca, deja una serie de enseñanzas para evitar que la confrontación política facilite el trabajo de grupos delincuenciales que, como desde hace décadas, tienen en la violencia el espacio ideal para desarrollar sus ilícitas actividades.
Una primera enseñanza es que el Estado aún no tiene los mecanismos, logística, inteligencia ni recursos humanos debidamente capacitados para poder expandir sus labores de erradicación en todo el territorio nacional donde se compruebe que hay cultivos ilegales de coca. Las diferentes versiones sobre los sucesos de Apolo dan cuenta de esa situación.
Otra lección, especialmente para las autoridades de gobierno, es que su palabra ha dejado de ser creída porque sus informes son elaborados sobre premisas ideológico-políticas que tienen cada vez menos credibilidad. Además, a casi ocho años de gestión gubernamental continua ya no es admisible que sus yerros sean achacados a los gobiernos anteriores. Así, sus reportes informativos (que son, además, repetidos textualmente por toda autoridad consultada) dan más bien la impresión de que a falta de elementos objetivos a difundir con transparencia deben hacer uso de recursos propios de la propaganda política que, como se sabe, tiene cada vez menos aceptación porque las autoridades han saturado a la ciudadanía con ese tipo de mensajes.
Es importante, también, revisar la historia contemporánea. Sin hacer mayor investigación se podrá encontrar que la reacción del oficialismo, la oposición y de los productores de coca asentados en Apolo son, palabras más, palabras menos, las mismas que se han utilizado en toda acción represiva de cultivos ilegales, sólo han cambiado los actores y, sobre todo, la posición de los actores. Esto debería conducir a que se comprenda que el cultivo ilegal de coca y todo el complejo proceso coca-cocaína exige que desde el gobierno y desde la oposición se trate de conciliar criterios porque, de lo contrario, quienes están detrás del ilícito negocio van copando cada vez mayores espacios.
Finalmente, en el Estado y la sociedad se debe comprender que debe haber una seria reflexión sobre la forma en que se enfrentará el aumento de cultivos ilegales de coca. Es preciso revisar a fondo, con transparencia, conocimiento y visión de futuro lo hecho hasta ahora y diseñar propuestas alternativas que puedan, además, ser acordadas internacionalmente. Más aún si el Gobierno –pese a toda la retórica del cambio– ha asumido una visión conservadora sobre el tema, siguiendo las estrategias que se aplican en la región desde finales de los 80.
Esto significa que es tiempo para que, subordinando diferencias ideológicas –siempre pasajeras– como muestra nuestra historia política e intereses de corto plazo, los actores políticos del país, junto a la sociedad puedan construir una nueva visión sobre el tema y un acuerdo sobre la forma de enfrentarlo, evitando estos costos de violencia humana y los mecanismos de corrupción generalizada que genera el ilícito negocio.
Ese es el desafío que Bolivia tiene y que los sucesos de Apolo nos lo recuerdan.