OFICIALISMO. La prensa demanda al Gobierno por las vulneraciones al derecho a la libertad de expresión.

PERIODISTAS PRESENTARON UNA DEMANDA ANTE LA CIDH

Prensa argentina denuncia al Gobierno por atropellos

El reclamo ante el organismo surge en momentos en que se agrava la tensión entre el Gobierno de Fernández y el Grupo Clarín

Buenos Aires/Agencias

Tres días después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la Ley de Medios que impide el monopolio entre los medios privados y da un golpe al Grupo Clarín, periodistas argentinos presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por intimidaciones y restricciones a la prensa durante el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Representantes del Gobierno de Fernández rechazaron las denuncias y ratificaron la plena vigencia de los derechos a la libertad de prensa y de expresión en Argentina.
Los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José "Pepe" Eliaschev fueron los encargados de presentar el reclamo ante la CIDH en Washington por "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión".
Los periodistas argentinos denunciaron al solicitar la audiencia "una metodología estatal expresada a través de distintas medidas gubernamentales o ejecutadas al abrigo del poder del Estado, que buscan no sólo restringir y limitar la libertad de expresión garantizada expresamente por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también concentrar en poder del Estado el mensaje comunicacional".
En cambio, los funcionarios gubernamentales han criticado públicamente y en varias oportunidades al grupo Clarín, al que le atribuyen "intenciones destituyentes".
Aprobada por el Congreso en 2009, la Ley de Medios estaba vigente para todos los grupos de medios con excepción del Grupo Clarín, el principal grupo mediático del país, que había objetado cuatro de sus artículos y evitado su aplicación mediante una serie de medidas cautelares de la Justicia.
La ley establece un límite a la cantidad de medios que puede poseer un mismo grupo, por lo que Clarín, que cuenta con el diario de mayor tirada del país, canales de TV abierta, señales de cable y radios, deberá desprenderse de varias licencias.
Según el Gobierno, la ley argentina busca frenar la concentración de medios y dar más presencia a radios y televisoras del interior del país, así como crear otros espacios para universidades, pueblos originarios y diversas ONG.
En cambio, para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización patronal de medios la sentencia "habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción".
Clarín considera que la norma es un ataque a la libertad de expresión y al derecho patrimonial del multimedios que tiene 158 licencias de TV por suscripción, cuatro canales de TV abierta, siete radios en bandas AM y FM y seis canales de cable, a la vez que estima que achicará considerablemente el espacio de las voces independientes.