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¿Aportes voluntarios?

¿Aportes voluntarios?

Arturo Yáñez Cortes.- Según el Diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua, voluntario significa: “Dicho de un acto que nace de la voluntad y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella; que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber”. Traigo a colación esa definición, pues habiendo leído esta semana los dislates del oficialismo –y conste que estoy pensando en todos los oficialismos y no sólo en el de ahora, aunque este se lleve el premio- para tratar de justificar a como dé lugar el abuso y cobardía que significa quitarle una parte de su salario al funcionario, para que aporte al partido, como si fuera el que le hizo el favor de darle trabajo. Aunque, pensándolo bien (valga mi inocencia) en realidad eso es lo que ha ocurrido: el funcionario público es empleado del partido que está en el gobierno y pare de contar; lo demás son cuentos inventados para las gradas.
Lo que pasa es que en ese tema y en otros más, vivimos en un estado de hipocresía colectiva pues se hacen espectaculares discursos cotidianos en favor del estado, se dice que nunca debe perder (algunos jueces y fiscales hasta hacen caso); que todo lo puede desde producir cartones hasta energía atómica; que está por encima de las leyes incluyendo su propia constitución que algún ingenuo pensó que más bien le pondría límites infranqueables, pues en realidad lo que importa es que el gobierno al administrar el estado mediante el partido, movimiento o lo que se llame que lo detenta, confunde los intereses del famoso estado con sus intereses partidarios, actuando como si fuera de su única y exclusiva propiedad y, pretende sea por los siglos de los siglos…
Así las cosas, cabrá preguntar: ¿será que los funcionarios públicos donan voluntariamente parte de sus salarios en favor del instrumento? Es decir como reza la definición –van a disculpar- de la Real Academia “…que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber…” O más bien, ¿no será que no tienen otro remedio para evitar ser relocalizados y así no les queda otra que cumplir las órdenes del jefazo y sus adláteres sin chistar? ¿Acaso este no era un gobierno en favor de los débiles, de los trabajadores?
El colmo del doble discurso y conducta es que en marzo de 2010 la propia administración sancionó con bombos y platillos plurinacionales la famosa y temida “Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas” que por si acaso, se aplica a todos los órganos del estado plurinacional, protege a los denunciantes y testigos que denuncien esos actos y sistematiza los delitos de corrupción y vinculados, creando y/o modificando entre otras novedades, el uso indebido de influencias cuando la autoridad o servidor público que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente las influencias derivadas de las mismas obtiene ventajas o beneficios para sí o un tercero; los beneficios en razón del cargo cuando el servidor o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas cuando por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesa y obtiene para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviniere en razón de su cargo y, finalmente, la concusión cuando esos funcionarios o autoridades con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigen u obtienen dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente. Pese a que todos esos delitos son de orden público, ante la notitia criminis (noticia del crimen), el Ministerio Público debió de haber investigado el asunto, pero no pasa nada, confirmando aquello de SOLON “Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen al débil y ligero y son deshechas por el fuerte y poderoso."