RESPUESTA. Las autoridades del Órgano Judicial señalan que no hay denuncias formales sobre los cobros por fallos.

TRAS LA DENUNCIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Judiciales piden pruebas sobre extorsión en fallos

Sucre/CORREO DEL SUR

El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura pidieron ayer a la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, formalizar las denuncias de presuntos cobros en determinados fallos judiciales para activar los mecanismos legales y las sanciones que establecen las leyes Marcelo Quiroga Santa Cruz y la de legitimación de ganancias.
El pasado lunes, la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Salame, reveló que en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) personas allegadas a los magistrados, que no siempre son abogados, estarían cobrando por determinados fallos. El TCP no se pronunció al respecto.
Los que sí respondieron fueron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, y el consejero de la Magistratura Wilber Choque.
El primero señaló que la obligación de la Presidenta del ICACH, como persona de derecho, es denunciar a la persona o las personas involucradas en hechos de corrupción.
“El tema de la corrupción es personal, no institucional, no se puede señalar que una institución está siendo objeto de corrupción sino se identifica en forma precisa quién es el actor”, señaló Hurtado.
La autoridad señaló que en el caso de los juzgadores que cometan delitos de corrupción, están los mecanismos adecuados como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la ley de legitimación de ganancias ilícitas que necesariamente deben ser activadas con una denuncia.
“Si bien la corrupción no da factura, pero el dinero no se puede esconder y en algún momento sale a la luz”, agregó.
Asimismo, dijo que la ley Marcelo Quiroga establece que en caso de denuncias de corrupción no es necesario señalar la identidad del denunciante que está protegido a efectos de que no haya represalias posteriores.
En esa misma línea, el consejero de la Magistratura Wilber Choque reveló que en los distritos del eje central a diario reciben denuncias anónimas sobre cobros por determinados fallos, “pero mientras no haya prueba suficiente no se podrá hacer nada”, aseguró.
En el caso del Órgano Judicial, Choque pidió al Colegio de Abogados de Chuquisaca formalizar con documentación las denuncias ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura o ante la Unidad de Control y Fiscalización para que sean procesadas.
De momento, aseveró que no hay denuncias formales sobre casos de extorsión contra jueces, excepto el caso de la jueza de El Alto que fue sorprendida supuestamente cobrando una coima de Bs 400; en su criterio la sanción debe ser la destitución.

Antecedente

La Fiscalía investiga en el Consejo de la Magistratura un caso de presunta extorsión por venta de "pegas" que involucra a funcionarios. El otro es el caso de la jueza de El Alto sindicada de cobrar Bs 400.