Domingo, 19 de enero de 2014
 

OPERATIVO. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, supervisa el operativo de desalojo.
OPERATIVO. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, supervisa el operativo de desalojo.

NUEVO INTENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Desalojan a avasalladores del Ingenio San Aurelio

Desalojan a avasalladores del Ingenio San Aurelio



La Policía permanece en el lugar para resguardar el predio

Santa Cruz/ANF

Un operativo policial desalojó a cerca de 300 avasalladores que ingresaron ilegalmente la madrugada de ayer a predios del ingenio azucarero San Aurelio, ubicado al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz. Además, unos 150 trabajadores de esta empresa apoyaron este desalojo.
Durante dos horas, se registró resistencia por parte de las personas que ingresaron a los terrenos. Además, se produjeron amagues de enfrentamiento.
Al verse superados los avasalladores dejaron la propiedad de la azucarera, y un significativo número de policías se quedó en el lugar para prestar el resguardo correspondiente.
"La nueva Constitución Política del Estado indica recuperar las tierras fiscales y tierras improductivas para la gente que necesita. Nosotros hemos cumplido las normas, demostrando certificados de derechos reales", afirmó uno de las personas que ingresó a los predios en declaraciones a la red ATB.
En tanto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, a la conclusión del operativo dijo que "no se va perdonar" actos ilegales y tomas de tierras.
"Nos estamos sumando a la investigación que llevamos adelante en contra de avasalladores urbanos y rurales a efecto de que se identifiquen a quienes han alentado la toma de este predio", dijo la autoridad de Gobierno.


Cárcel
En diciembre pasado, la Cámara de Senadores aprobó, en su estación en grande y en detalle, el proyecto de ley contra la toma y tráfico de tierras, que fija hasta ocho años de cárcel para quienes comercien tierras e ingresen a predios individuales, colectivos o fiscales.
La futura ley establece cárcel de tres a ocho años para quienes trafiquen tierras; también, de tres a ocho años de cárcel, para quienes invadan predios. Ambas penas crecerán en un tercio en caso de que el ilícito sea cometido por un funcionario público de las instituciones relacionadas con el asunto.

Antecedente

El presidente Evo Morales anunció el diciembre la decisión del Gobierno de poner en vigencia una ley que encarcele a los avasalladores de tierras.