EDITORIAL

El transporte ante un vacío legal

Entre los muchos conflictos sociales que anualmente se reproducen cíclicamente en nuestro país, ocupa un lugar destacado el que es protagonizado a estas alturas del año, todos los años, por las diferentes organizaciones gremiales que aglutinan a los transportistas, que exigen un aumento de las tarifas que cobran por los servicios que ofrecen, por una parte, y la ciudadanía usuaria de esos servicios, por otra. Con muy ligeras variaciones de forma, la misma secuencia se repite todos los años sin que varíe en lo sustancial la causa principal de las controversias.
Este año, el elemento más novedoso ha sido la puesta en marcha en La Paz de dos fórmulas a cuál más ambiciosa, que comparten el común propósito de romper el círculo vicioso y ofrecer una solución verdaderamente estructural. La construcción de un moderno teleférico y la implementación de una empresa municipal de transporte son, cada cual a su manera, ensayos de cuyo éxito depende la posibilidad de que otras urbes del país sigan el mismo camino.
Hay, desgraciadamente, un factor que se interpone entre las buenas intenciones y su aplicación práctica. Es el mismo que impide, desde hace ya muchos años, que alguna instancia estatal –sea nacional, departamental o municipal– haga prevalecer su autoridad para resolver problemas como las tarifas, la distribución de rutas, frecuencias y otros muchos aspectos relativos a la buena marcha de un servicio de transporte masivo de pasajeros.
Esa dificultad consiste en la falta de unidad y coordinación entre los tres niveles del Estado –nacional departamental y municipal– a cada uno de los cuales la Ley General del Transporte No. 165, vigente desde agosto de 2011, les asigna atribuciones, deberes y obligaciones con alcances muy específicos. Así, la tarea se ha disgregado, de modo que el gobierno central se debe encargar de regular el transporte interdepartamental, los gobiernos departamentales el interprovincial y los municipales del transporte urbano, lo que deja abierto un vacío de autoridad que se hace evidente cada vez que, como ahora, se debe negociar y decidir.
Para agravar el problema, tal distribución de tareas quedó condicionada a la reglamentación de la Ley, tarea para la que se fijó un plazo de 120 días. Ese reglamento tendría que contener, entre otros instrumentos indispensables para la aplicación de la norma, los parámetros en los que los gobiernos departamentales y municipales basarían sus decisiones a la hora de fijar y actualizar periódicamente las tarifas.
Dos años y cinco meses después el tal reglamento no existe, lo que impide que las disputas se encaucen por vías legales, creando así las condiciones para que sean las calles y carreteras los escenarios de la confrontación de fuerzas y transportistas contra ciudadanos sus principales protagonistas.
Los enfrentamientos que se avecinan en La Paz entre partidarios y enemigos de los "Puma Kataris"; y entre organizaciones rivales de transportistas de distintas provincias y departamentos, o entre juntas vecinales y transportistas, en todo el país, son el único resultado previsible de la inexistencia de un marco legal adecuado a la magnitud del problema, la urgencia con que se requiere una solución y autoridades que por intereses personales o sectarios no quieren atender responsablemente el problema.