CARA Y CRUZ

Anular la elección popular de magistrados

Raúl Peñaranda U..- Ya no deben existir dudas, en nadie, de que uno de los fracasos más grandes del régimen actual es el manejo de la justicia. Una vez que el propio presidente Evo Morales dijo que había sido un error colocar a “ponchos y polleras” como magistrados (es decir elegir a los jueces por voto popular), ya todos los dirigentes oficialistas, y los columnistas acólitos, pueden también sincerarse y admitir que la elección de jueces fue una equivocación enorme. Con razón ningún país en el mundo había experimentado con esa posibilidad. El diputado masista Héctor Arce, quien impulsó la reforma, dijo cuando se debatía, que ésta iba a ser “una reforma para el mundo”. Lo ha sido, sí, pero en sentido contrario: para convencer a cualquier país incauto de jamás copiar la peregrina idea.
Lo obvio ha sucedido: no se solucionan los graves problemas de la justicia (corrupción, lentitud, falta de recursos, deshumanización, lenidad) eligiendo nuevos magistrados; la solución no es de “arriba hacia abajo”, sino al revés, desde las bases. Y estando conscientes de que el proceso será de largo plazo. Largo.
Junto con que es injusto hablar de “ponchos” y “polleras”, debido a que éstas son minoría, y de lo que tendríamos que quejarnos es de “faldas” y “corbatas”, el problema principal no es haber aprobado una norma que estableciera que los magistrados deban ser elegidos por voto popular. No. Lo peor es haberla incluido en la mismísima Constitución Política del Estado.
Los artículos 182, 188, 194 y 198 de la CPE ordenan que los miembros del Tribunal Constitucional, Supremo, Agroambiental y Consejo de la Magistratura sean elegidos por sufragio universal. Así que estamos jodidos. Cuando el mandato de estos señores y señoras termine en sus cargos en enero de 2018 tendremos que volver a la tortura de ver cómo se eligen los precandidatos en el Legislativo e ir a las urnas después para seguir con el circo establecido por los asambleístas que redactaron nuestra pobre Constitución. Hasta entonces, los actuales magistrados seguirán renunciando y retirando sus renuncias, acusándose de esto y aquello, intentando destituirse mutuamente para aliarse después y usando recursos públicos para sus asuntos personales… mientras la justicia sigue su caída en el despeñadero.
Al estar este asunto en la Constitución las posibilidades de hacer una reforma son reducidas, pero factibles. Por lo menos el Presidente ya ha admitido la falta y, por tanto, se pueden tener esperanzas de hacer un cambio. Lo que debe procurarse es eliminar la elección de jueces de 2018 para volver al sistema antiguo (designación por parte del Legislativo). Ni modo.
La Constitución establece que para ser cambiada se necesita de una ley de necesidad de reforma, a ser aprobada por dos tercios de los parlamentarios (que el oficialismo controla, así que, con la sola orden del Jefe, todo se resolvería). Y para aplicar esa reforma se requerirá también un referéndum aprobatorio posterior. Allí, el 99% de los bolivianos votaría que sí, que se anule el sufragio universal para elegir magistrados.
Ese sería sólo el principio. Para cambiar a la justicia se necesita cumplir con varios requisitos: que el MAS olvide el sectarismo (algo muy difícil, lo sabemos) y que convoque a reuniones pluralistas de especialistas para diseñar una reforma. Ésta, intuyo, debe alentar ajustes a los códigos civil y penal para evitar la chicana jurídica; crear jueces de mínima cuantía para resolver los asuntos de menor relevancia (que llenan los juzgados del país); subir los salarios de jueces y fiscales y aumentar la cantidad de éstos; incorporar las nuevas tecnologías en el trabajo de la justicia; capacitar al personal judicial y hacer enormes transformaciones en la Policía para que los procesos de investigación sean más eficientes y transparentes. En menos de una década no se verían resultados. Pero empecemos por el principio, eliminar la elección popular de magistrados.