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INFORME. La ministra de Autonomías, Claudia Peña.
TRAS LA ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DEL INE
Debate del pacto fiscal iniciará recién en junio
Debate del pacto fiscal iniciará recién en junio
El Gobierno anunció que la propuesta técnica del Pacto Fiscal iniciará su debate en junio, al existir una resolución emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) informando que entregará los datos oficiales del Censo 2012 a finales de ese mes.
La decisión fue informada ayer por la ministra de Autonomías, Claudia Peña, ante los constantes reclamos que presentaron sectores de oposición y que incluso llegó hasta estrados judiciales a planteamiento de la Gobernación cruceña.
"Existe una resolución emitida por el INE que asegura que a finales de junio se entregarán los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012. El tratamiento de la propuesta técnica para el Pacto Fiscal se iniciará en junio, una vez entregados los resultados finales del Censo 2012", indicó Peña.
La autoridad, a través de un boletín institucional, aseguró que se empezaría a trabajar el Pacto Fiscal sobre la base de los resultados oficiales que entregue el INE, en cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.
Por primera vez, el Censo dará datos no solamente a nivel municipal sino también local, es decir, de las comunidades; esto implica que la información será muy específica a nivel territorial y no solamente dará cuenta de cuánta gente vive en cada comunidad sino también de sus condiciones de vida.
Peña recordó que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) elaborará una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal con un plazo de hasta seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo y que la propuesta deberá regirse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, considerando las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos y municipios.
Qué implica el pacto
La Ley Marco de Autonomías establece que el Pacto Fiscal no sólo debe repartir recursos a cada gobierno autónomo, sino tomar en cuenta las necesidades económicas y sociales diferenciadas territorialmente con los principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad, la equidad y el cumplimiento de derechos.
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