COLUMNA VERTEBRAL

Mi batalla por las autonomías

Carlos D. Mesa Gisbert.- Uno de los hechos de nuestro gobierno que recuerdo con mayor satisfacción, es la decisión inequívoca y explícita que tomé hace exactamente diez años al apostar por las autonomías. Voluntad que expresé al país con claridad el 20 de abril de 2004, en ocasión de conmemorarse los diez años de la Participación Popular. En mi discurso a la Nación de ese día, dije textualmente:
“Hoy, el centralismo se está convirtiendo en un obstáculo para la unidad nacional, la excesiva concentración de decisiones no es una receta adecuada para un país que quiere más participación popular. Estoy convencido, en ese contexto, de que la descentralización es una demanda legítima y creo que tenemos que hablar hoy de gobiernos departamentales autónomos. La autonomía de los departamentos es un camino que tenemos que seguir, por eso tengo la disposición y expreso mi clara voluntad de que así sea. Para ello queremos hacer una propuesta concreta, la modificación del artículo 109 y del artículo 110 de la Constitución Política del Estado (de designación de prefectos, privativa del Presidente); que esos artículos sean modificados en la Asamblea Constituyente que deberá instalarse el próximo año; que hagamos una consulta ciudadana que nos permita desarrollar en los nueve departamentos una propuesta para hacer efectivo algo que ustedes están pidiendo: la elección directa de prefectos y la elección directa de los consejeros departamentales”.
Para que no hayan dudas, debo subrayar que en ese momento no se había producido todavía la reunión de junio de 2004 por la cual Santa Cruz hizo una propuesta autonómica a la Nación, denominada “Agenda de los once puntos” o “Agenda de Junio”, y mucho menos todavía el Cabildo multitudinario que se hizo efectivo en enero de 2005, apoyado en una lectura sesgada del alza de hidrocarburos que nuestro gobierno hizo en diciembre de 2004.
Nuestra iniciativa fue, en consecuencia, tomada sin presiones, con serenidad y genuina fe en las autonomías acogiendo las propuestas de Roberto Barbery, ministro de Participación Popular y Carlos Hugo Molina, prefecto de Santa Cruz. Acompañamos ese discurso con hechos, los decretos: El 27431, de 7 de abril de 2004, de reencauzamiento de la descentralización y fortalecimiento de los Consejos Departamentales; y el 27457, de 19 de abril de 2004, que descentralizaba administrativamente los servicios de educación y salud. La respuesta de los autonomistas fue pedir la abrogación inmediata de los decretos. “No tenemos nada que negociar con el gobierno”, dijeron. Ninguno de aquellos que desde el Departamento criticaban el centralismo en el tema de la salud y educación quiso respaldarnos frente a los intereses y el poder gremial del magisterio y los trabajadores en salud. Nadie se hizo eco de nuestra propuestas de modificar los artículos 109 y 110 de la Constitución. A pesar de ello, y ante la andanada desde los sectores más recalcitrantes y retardatarios de las élites “autonomistas” (parte de las cuales está hoy aliada con el gobierno del Presidente Morales), no cejamos en demostrar que nuestra intención autonomista era real. El 28 de enero de 2005 el gobierno dictó el decreto 28195 que convocaba a elección directa de prefectos, medida que permitió su elección en diciembre de 2005.
Estas acciones complementaban la creación en noviembre de 2003 de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente bajo la conducción de Ricardo Paz, la promulgación de la Reforma Constitucional en febrero de 2004 y la presentación de los proyectos de Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al Referendo sobre Autonomías. Ambos proyectos fueron bloqueados sistemáticamente por el Congreso, en el que Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando tenían una abundante representación, tanto regional como partidaria. Ante ese despropósito convocamos a Asamblea Constituyente y Referendo Autonómico por decreto (28195) el 2 de junio de 2005.
En la historia de nuestra gestión de gobierno, destaca nítidamente la acción calculada y fríamente organizada para desacreditar nuestra vocación autonomista precisamente en el corazón de la demanda, en Santa Cruz. Sectores de poder económico, social, político y mediático mintieron, dijeron medias verdades, desnaturalizaron nuestras palabras y nuestros hechos, e inventaron con probada mala fe la especie de que nuestro discurso buscaba dividir al país y que fue el que promovió el odio y el recelo entre las regiones. Esa estrategia dirigida por medios materiales incalculables y un demoledor aparato de comunicación, rindió sus frutos, debilitando seriamente nuestra imagen en la región.
Los hechos, afortunadamente, recuperan la verdad de lo que hicimos y en particular mi convicción personal sobre el tema. Creí y creo en las autonomías, las promoví y me siento parte del logro obtenido por las regiones –especialmente Santa Cruz– tras una reivindicación de centurias, tanto en el periodo colonial como en el republicano.


El autor es ex Presidente de la República.