EDITORIAL

¿Solución o tregua?

El conflicto suscitado por el amotinamiento de muchos suboficiales y sargentos y sus esposas, exigiendo cambios radicales dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) so pretexto de descolonizarlas, ha terminado con el repliegue de éstos, que presentaron una serie de demandas que de ser aceptadas convertirían a la entidad castrense en una milicia mercenaria al servicio del mejor postor.
Cabe recordar que la institucionalización de las FFAA es una condición básica para el buen y pacífico funcionamiento de una sociedad. En la medida en que se les otorga el monopolio de la fuerza, éstas deben estar organizadas en forma jerárquica y vertical, sin poder rechazar el cumplimento de las órdenes provenientes del Poder Ejecutivo legalmente conformado y transmitidas conforme al orden establecido, salvo aquellas que signifiquen violación de la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia.
Caso contrario, las FFAA se convierten (como de hecho funcionaron en tiempos de dictadura) en una agrupación que asume, con violencia, la voluntad popular. Hay que recordar que eran los comandantes de grandes y pequeñas unidades los que decidían quién era Presidente durante las dictaduras, en reuniones que se celebraban en el Cuartel Miraflores).
Superada esa dolorosa etapa no debe haber espacio para la insubordinación. Por ello, los suboficiales y sargentos amotinados deben ser procesados conforme a la CPE y las leyes militares en vigencia. Más aún si existe un peligroso precedente con la Policía Boliviana. Habrá que recordar que, probablemente por la crisis estatal que ya se vivía, esta institución se amotinó en 2001 sin que, luego, sus autores hayan sido sancionados. Con ese precedente, volvieron a organizar una rebelión en forma posterior y aún hay temor a que vuelvan a hacerlo si se presenta la oportunidad.
Lo señalado, empero, no significa que no se estudie con la debida atención las demandas racionales que fueron presentadas. Es inadmisible, por ejemplo, el uso de efectivos para realizar trabajos particulares o que se venda sus servicios o mano de obra; tampoco que sean discriminados en la atención en los servicios sociales que la institución castrense ofrece a sus miembros, como salud, educación, dotación de alimentos y vituallas. Es decir, manteniendo con rigor la disciplina y el respeto a la jerarquía que debe prevalecer en los cuarteles, todos los miembros de las FFAA deben recibir con digno trato, evitando discriminaciones y desigualdades.
Por los datos que se conoce, el movimiento de los suboficiales y sargentos ha fracasado. Aparentemente, el mal manejo que han hecho del tema las autoridades del Gobierno y del mando militar les dio la impresión de que tenían la posibilidad de imponer sus desacertadas propuestas, más aún si contaron con la adhesión de organizaciones afines al MAS.
Por ello, sería un error disfrazar esta situación como una tregua. Tratándose de la disciplina militar debe quedar establecido que la institucionalidad ha ganado y los amotinados han perdido y deben ser sancionados luego del debido proceso. Al mismo tiempo, las autoridades de Gobierno y el alto mando deben diferenciar las demandas de este sector y atender las que por justicia corresponde. Es decir, no debe buscarse una salida, sino una solución a largo plazo.