PROPUESTA. Las autoridades judiciales están en la mira de un referéndum revocatorio después de dos años y medio de gestión.

EL GOBIERNO ANALIZA LOS MECANISMOS LEGALES Y TÉCNICOS PARA CONCRETAR UN REFERÉNDUM

La sombra del revocatorio acecha a los magistrados electos por voto

Sucre/CORREO DEL SUR

La suerte de los magistrados electos por voto popular, al parecer, ya está echada. El Gobierno y el oficialismo apuntan a un revocatorio después de las elecciones generales, pero antes tendrán que modificar la Constitución, y están analizando los mecanismos legales y técnicos que hagan viable este proceso; para la oposición, el revocatorio terminará por consolidar el fracaso de las reformas judiciales propuestas por el Gobierno.
La propuesta de revocar a las autoridades judiciales salió del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguran los parlamentarios oficialistas, pero no es una posición definitiva y el tema está sujeto a un “profundo” análisis al interior del Legislativo y el Ejecutivo.
El diputado oficialista Edwin Tupa señaló que la Constitución establece la figura del revocatorio para el Presidente, Vicepresidente, Alcaldes y Gobernadores, pero no para los magistrados, empero, admitió que están analizando las posibilidades legales y técnicas de aplicar también este mecanismo a las autoridades judiciales.
Su colega Marianela Paco, sostiene que aún no hay una definición respecto a la aplicación del referéndum de revocatorio para las autoridades judiciales porque en este momento hay un riesgo de politización y prefieren tomarlo “con calma, con racionalidad y objetividad”.
“Es una lluvia de ideas, iniciativas y propuestas no sólo en la Asamblea Legislativa sino en el Ejecutivo por la crisis que atraviesa el sistema judicial”, aseguró Paco que es miembro de una de las comisiones para procesar a las autoridades judiciales en juicio de responsabilidades.
De momento, Paco dijo que acuden a los mecanismos que permite la norma para sancionar la comisión de delitos de los magistrados a través de los procesos de juicio de responsabilidades; la otra alternativa sería el referéndum que está en análisis. “No vamos a tomar una decisión en este momento porque hay un riesgo de politización del asunto”, aclaró.
En el otro lado, el parlamentario de Convergencia Nacional Apolinar Ribera, opina que el revocatorio será parte del fracaso de las reformas judiciales implementadas por el Gobierno.
“El tiempo nos da la razón, este sistema de elección de los magistrados no era funcional y hoy tenemos el resultado, de una elección política más que de méritos, me imagino que el revocatorio será parte del fracaso, de intentar ponerle un parche al conflicto que se ha generado”, agregó.
Por su parte, la diputada disidente Rebeca Delgado, ahora militante del Movimiento Sin Miedo (MSM), dijo estar de acuerdo con revocar a las autoridades judiciales pero que también tendrían que irse las autoridades del Ejecutivo porque son los directos responsables del fracaso del sistema judicial, pero antes tienen que reformar la Constitución.
La parlamentaria reiteró que hay una abierta y vergonzosa injerencia del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial, “a través de un sistema montado de jueces, fiscales y policías, y Sucre es testigo de esta injerencia porque sabe cuántos ministros, ministras de justicia, procuradores, llegan al mes y con quiénes se reúnen”, enfatizó.
Reveló que hay una evidente injerencia del Gobierno sobre los órganos Judicial y Constitucional como en los casos Terrorismo y Chaparina, en el que hubo violación de derechos. En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la injerencia se dio en la habilitación de Evo para una tercera elección, una decisión inconstitucional firmada por el magistrado Zenón Bacarreza, suplente de la magistrada suspendida Soraide Chanez, aseguró.
Para el fiscal General, Ramiro Guerrero, no es suficiente cambiar a las personas mediante un revocatorio, sino a toda la estructura judicial, proceso que no es responsabilidad sólo de los actores y operadores de la justicia sino del compromiso del Estado y de la propia sociedad.

Antecedente

El Gobierno, luego de calificar como un error la designación de magistrados y la agudización de la crisis judicial, anunció referendos y otros mecanismos para concretar la revolución de la justicia.

Diputado pide celeridad en todos los casos

El parlamentario Edwin Tupa señaló que los procesos de juicio de responsabilidades contra varios magistrados y magistradas seguirá, pero se tiene que dar celeridad al igual que con las magistradas del TCP, Soraide Chanez y Ligia Velásquez. “Como Asamblea tenemos que demostrar agilidad en los diferentes procesos, no como ocurre en la justicia ordinaria”, sostuvo.
En su criterio, si hay denuncias contra autoridades judiciales, la Asamblea tiene que dar ejemplo de celeridad en las sanciones en casos de comisión de delitos en el ejercicio de funciones.