EDITORIAL

Umbrales democráticos

El anuncio que ha lanzado el Presidente del Estado de convocar a un referéndum sobre el sistema judicial ha generado, como no puede ser de otra manera, profunda preocupación entre los entendidos en el tema como en ciudadanos, hombres y mujeres, que respetan y defienden el sistema democrático de gobierno.
Se puede afirmar que la crisis del sistema judicial se ha agudizado al máximo por la errática conducción gubernamental en el tema. Incluir la elección popular de las autoridades del Órgano Judicial Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y la ilegítima elección de éstas, sólo han socavado, aún más, la crisis y han eliminado los avances que se dieron desde 1982, cuando el país optó por la democracia, para que se respetara la independencia del Órgano Judicial y su profesionalización.
No se puede olvidar que en el Gobierno se comienzan a preocupar de la situación del sistema judicial sólo cuando las autoridades elegidas bajo su presión comenzaron al rebelarse, dejando de actuar de acuerdo con sus instrucciones, haciendo prevalecer las suyas propias. En este sentido, es correcta la percepción presidencial sobre el estado de la justicia. Pero, lo que es difícil aceptar es que se busque eludir responsabilidades, pues los operadores del MAS y el Gobierno son los principales autores de aquél y de generar desconfianza en la ciudadanía al ser los principales violadores de la CPE, como señalamos en este mismo espacio.
Sin embargo, hay que estar conscientes de que leche ya está derramada y lo que corresponde no es quejarse, sino analizar las razones para que aquello suceda. Entre ellas se puede mencionar la tradición leguleyesca vigente en el país, que ha sido asumida con pasión por los operadores del MAS, la corrupción, el irrespeto a la institucionalidad democrática, la interferencia de presiones foráneas para la toma de decisiones de los administradores de justicia, particularmente del poder político, junto a una sistemática acción de amedrentamiento para que se juzgue y sancione conforme desea el poder político, así se violen la CPE y las leyes, la improvisación de recursos humanos, las limitaciones económicas y un largo etcétera. A ello se debe sumar la visión ideológica y sectaria con la que se ha tratado el tema judicial, desconociendo y desechando experiencias del pasado y evitando la participación de especialistas en el debate sobre el tema, lo que ha provocado una reflexión mediocre, abonada además, con asesoramiento de equipos extranjeros que no han demostrado ser expertos reconocidos en sus países de origen.
Por tanto, lo que corresponde, haciendo eco al desafío presidencial, no es tanto pensar en un referéndum, sino en impulsar un debate nacional, debidamente organizado que no sólo se quede en diagnósticos –de los que hay muchos–, sino que concluya en alternativas de solución que cuenten con el apoyo de la voluntad política de reformar la justicia en el país, aunque con ello se pierda poder.
Si de eso trata la propuesta presidencial, será, a no dudar, bienvenida. Pero, si es interpretada como el deseo de crear mecanismos inconstitucionales para que la voluntad de los poderosos no tenga obstáculos, se atravesará un límite muy peligroso y nada democrático.