EDITORIAL

Umbrales democr�ticos

El anuncio que ha lanzado el Presidente del Estado de convocar a un refer�ndum sobre el sistema judicial ha generado, como no puede ser de otra manera, profunda preocupaci�n entre los entendidos en el tema como en ciudadanos, hombres y mujeres, que respetan y defienden el sistema democr�tico de gobierno.
Se puede afirmar que la crisis del sistema judicial se ha agudizado al m�ximo por la err�tica conducci�n gubernamental en el tema. Incluir la elecci�n popular de las autoridades del �rgano Judicial Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional en la nueva Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE), y la ileg�tima elecci�n de �stas, s�lo han socavado, a�n m�s, la crisis y han eliminado los avances que se dieron desde 1982, cuando el pa�s opt� por la democracia, para que se respetara la independencia del �rgano Judicial y su profesionalizaci�n.
No se puede olvidar que en el Gobierno se comienzan a preocupar de la situaci�n del sistema judicial s�lo cuando las autoridades elegidas bajo su presi�n comenzaron al rebelarse, dejando de actuar de acuerdo con sus instrucciones, haciendo prevalecer las suyas propias. En este sentido, es correcta la percepci�n presidencial sobre el estado de la justicia. Pero, lo que es dif�cil aceptar es que se busque eludir responsabilidades, pues los operadores del MAS y el Gobierno son los principales autores de aqu�l y de generar desconfianza en la ciudadan�a al ser los principales violadores de la CPE, como se�alamos en este mismo espacio.
Sin embargo, hay que estar conscientes de que leche ya est� derramada y lo que corresponde no es quejarse, sino analizar las razones para que aquello suceda. Entre ellas se puede mencionar la tradici�n leguleyesca vigente en el pa�s, que ha sido asumida con pasi�n por los operadores del MAS, la corrupci�n, el irrespeto a la institucionalidad democr�tica, la interferencia de presiones for�neas para la toma de decisiones de los administradores de justicia, particularmente del poder pol�tico, junto a una sistem�tica acci�n de amedrentamiento para que se juzgue y sancione conforme desea el poder pol�tico, as� se violen la CPE y las leyes, la improvisaci�n de recursos humanos, las limitaciones econ�micas y un largo etc�tera. A ello se debe sumar la visi�n ideol�gica y sectaria con la que se ha tratado el tema judicial, desconociendo y desechando experiencias del pasado y evitando la participaci�n de especialistas en el debate sobre el tema, lo que ha provocado una reflexi�n mediocre, abonada adem�s, con asesoramiento de equipos extranjeros que no han demostrado ser expertos reconocidos en sus pa�ses de origen.
Por tanto, lo que corresponde, haciendo eco al desaf�o presidencial, no es tanto pensar en un refer�ndum, sino en impulsar un debate nacional, debidamente organizado que no s�lo se quede en diagn�sticos �de los que hay muchos�, sino que concluya en alternativas de soluci�n que cuenten con el apoyo de la voluntad pol�tica de reformar la justicia en el pa�s, aunque con ello se pierda poder.
Si de eso trata la propuesta presidencial, ser�, a no dudar, bienvenida. Pero, si es interpretada como el deseo de crear mecanismos inconstitucionales para que la voluntad de los poderosos no tenga obst�culos, se atravesar� un l�mite muy peligroso y nada democr�tico.