EDITORIAL

Urgente armonización de criterios

La caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, sus eventuales efectos sobre la economía y sus repercusiones políticas y sociales en cada país del planeta y en el escenario geopolítico internacional, son desde hace algunos meses los temas alrededor de los que en todo el mundo se desarrollan los más apasionados debates. Abundan las más diversas hipótesis sobre las causas del bajón y aún más numerosas y diversas que éstas son las previsiones sobre sus efectos en el corto y el largo plazo.
Lo que pasa en nuestro país no es una excepción, ni mucho menos. Por el contrario, los más notables ejemplos de la diversidad de opiniones a la que se presta el tema se pueden encontrar nada menos que en el gabinete ministerial y en los más altos niveles de la jerarquía encargada de diseñar un plan de acción para afrontar la crisis. Por ejemplo, puede decirse que en un extremo se ubica el Ministro de Economía, quien insiste en quitarle toda relevancia al tema, y en el otro, el Ministro de Trabajo quien hace unos días, al justificar la decisión de cancelar la decisión gubernamental del feriado anunciado con motivo del paso del rally Dakar por suelos bolivianos, atribuyó la medida a la necesidad de contrarrestar la caída del precio del petróleo.
Si tan dispares criterios se limitarán al plano del intercambio de ideas, por apasionado que éste fuera, como suele ocurrir en el ámbito académico, no habría mucho de qué preocuparse. En cambio, cuando las discrepancias se producen entre quienes tienen en sus manos la conducción de todo un país --y no cualquier país, sino uno de los más afectados-- tal confusión puede traer gravísimas consecuencias.
Es precisamente ese peligroso punto al que al parecer estamos llegando, pues no hay día que pase sin que afloren las dubitaciones sobre la manera como el Gobierno nacional se propone hacer frente al desafío. Y no se trata sólo de inofensivas incongruencias retóricas, sino de contradicciones que se plasman en políticas de Estado incompatibles entre sí.
En efecto, mientras por un lado se pone énfasis en la necesidad de ampliar la base productiva del país mediante la promoción de inversiones privadas y extranjeras, por otra se lanzan imprudentes amenazas sobre la intención de intensificar el proceso de estatización de la economía. Mientras se tiende una mano al sector privado para que se sume a un esfuerzo compartido, con la otra se lo asfixia mediante medidas que ponen en riesgo su viabilidad inmediata.
Lo mismo puede decirse de la manera de lidiar con el frente externo de la economía y su correlato, la política internacional. Con el mismo entusiasmo con que desde una vertiente se tienden lazos para restablecer puentes de acercamiento con Estados Unidos o los países de la Alianza del Pacífico y sus respectivos mercados con la otra se enturbian las aguas mediante injustificables agresiones verbales y se alinean posiciones con regímenes que, como el venezolano, resultan más que nunca pésimos compañeros de ruta.
Es imposible que tal disociación se mantenga por mucho tiempo sin causar graves daños al futuro económico nacional. Es de esperar, por eso, más aún ahora que se aproxima el inicio de una nueva gestión gubernamental, que los esfuerzos se concentren en la búsqueda de una elemental coherencia.