EDITORIAL

Bolivia, Ecuador y la disciplina fiscal

Hace unos días, ha sido presentada la última edición del Barómetro de las Américas, estudio que periódicamente realiza la Universidad de Vanderbilt a través del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop por sus siglas en inglés) en 25 países latinoamericanos sobre diversos temas de actualidad. El tema del último estudio fue la percepción de la ciudadanía sobre la gestión económica de los gobiernos de sus respectivos países.
Según los resultados del estudio, hay dos países que se destacan por la buena calificación que reciben. Son Ecuador y Bolivia que con 59,5 y 53,2 puntos en una escala de 0 a 100 respectivamente aparecen como los dos mejor ubicados. Chile, con 51,2 puntos, ocupa el tercer lugar. De los 25 países evaluados, sólo Ecuador, Bolivia y Chile recibieron una calificación superior a 50 puntos.
En el otro extremo, la lista de los peor calificados en Sudamérica es encabezada por Venezuela y Argentina con apenas 11,4 y 18,7 puntos respectivamente. A nivel regional, a la lista de los peores se suma Guatemala que obtuvo 16,8 puntos.
Al ensayar una interpretación de los datos, los analistas del Barómetro de las Américas destacan el hecho de que no parece haber ninguna correlación entre el modelo económico aplicado en cada país y los resultados obtenidos. En efecto, Ecuador y Bolivia aplican fórmulas basadas en un fuerte estatismo, mientras Chile es un paradigma de economía de libre mercado. Venezuela y Argentina en cambio, por lo menos en términos teóricos están más cerca de Ecuador y Bolivia.
Aparentemente, no es fácil hallar una explicación razonable a tan dispares resultados. Sin embargo, es suficiente ir un poco más allá de las apariencias y no guiarse por la retórica oficial de los gobiernos evaluados, para ver que no son casuales los éxitos de unos y los fracasos de otros.
En el caso de Bolivia y Ecuador, la clave de la diferencia está en que ambos países han mantenido durante los últimos años una disciplina fiscal relativamente rigurosa si se la compara con casos como el de Venezuela o Argentina.
En Ecuador eso ha sido posible porque pese a su retórica antiimperialista, Rafael Correa tuvo el acierto de mantener el dólar como la moneda de curso legal, lo que se constituye en una sólida barrera contra la tentación de disponer arbitrariamente de las arcas fiscales.
En lo que a Bolivia corresponde, si no toda, por lo menos gran parte de la explicación radica en las cortapisas que el Gobierno heredó de sus antecesores a la hora de disponer de los excedentes provenientes de la renta hidrocarburífera. Es el caso de los diferentes bonos, cuya esencia se ha conservado desde hace ya casi 20 años más allá de los cambios de nombres. En términos prácticos, los bonos son el equivalente al papel que juega el dólar en Ecuador como un dique de contención a la libre disponibilidad de una parte sustancial de los recursos públicos.
El hecho de que Ecuador se haya mantenido atado al dólar, y que en Bolivia se hayan conservado los mecanismos de redistribución directa de la renta hidrocarburífera son, sin duda, aciertos que merecen ser reconocidos y respaldados.