El fraude fiscal

Waldo Ronald Torres Armas.- Tuvo que interponerse una Acción de Cumplimiento, la que el régimen temía perder, para que por fin convoque a preparar el Pacto Fiscal. Los gobiernos departamentales, en quienes la ciudadanía había confiado el desarrollo de la autonomía, fueron indolentes al no exigir al gobierno central el cumplimiento del calendario que prevé la Ley Marco de Autonomías respecto al Pacto Fiscal. Las gobernaciones se conformaron con el ejercicio de la “seudoautonomía”; estaban contagiadas del centralismo ineficaz y les gustaba que las decisiones se tomaran en La Paz. El recentralismo dirigía el fraude autonómico por su “angustia de acaparamiento” para no perder el control económico-financiero del Estado.
El real pleito autonómico es el fiscal. La distribución territorial del poder del Estado se efectiviza con recursos económicos y el no haberse aprobado los Estatutos Autonómicos no es pretexto para dilatar el acuerdo, tampoco se requiere modificar las competencias, solo hace falta voluntad política para aplicar lo que la Constitución consagra y faculta a las AA. Sin embargo, la miopía política no es una regla de la democracia sino de la mala gestión, de quienes se resisten a negociar, de quienes se creen “dueños temporales del país”. El hecho tiene un trasfondo doctrinario masista que hay que hacer explícito: la administración se descentraliza un poquito, pero el poder jamás, y el dinero estatal “es” el poder.
Esperemos que las “reglas del juego” del modelo de financiación no sean decididas unilateralmente por el régimen, porque son reglas de todos, con plata de todos y para todos. Pacto significa: negociación y decisión conjunta y el sistema debe ser voluntariamente aceptado por quienes tendrán la responsabilidad de ejecutarlo, solo así será estable. Si el “recentralismo”, que guía hoy la acción autoritaria del poder, impone el Pacto, seguirá pecando de lo mismo: diagnóstico equivocado, terapia fallida y recetario desastroso, insensible a las necesidades, lo que terminará en ingobernabilidad. Le llamarán Pacto y no lo será: será una decisión unilateral y despótica, y nada más. En lugar de resolver problemas, los agravará y abrirá paso a la eclosión de las plurinacionalidades. El Gobierno, sin saberlo, estará promoviendo soberanismos.
La futura Comisión Nacional debe convertirse en el legítimo decisor de las políticas públicas referidas a la autonomía. La existencia del Ministerio de Autonomías ya no tendrá sentido ni beneficio para el país; al duplicar la burocracia y las funciones, quedará reducido al intrascendente papel de repetir políticas estatales en ámbitos con frecuencia residuales.
Mientras no exista un Pacto Fiscal admitido por todos, la autonomía no es más que un fraude demagógico.