EDITORIAL

Los datos del Censo, un triunfo de la arbitrariedad

Como si las irregularidades que fueron acumulándose antes, durante y después de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 no fueran por demás suficientes para que ya nadie pueda tomar en serio los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los últimos días se ha sumado una sombra más de duda sobre tan importante relevamiento de información estadística con la publicación de un tercer informe.
Según las explicaciones proporcionadas por el INE, esta nueva versión se diferencia de las dos anteriores porque los datos fueron sometidos a una “revisión exhaustiva” de la base de datos, de los archivos físicos y los registros digitales de los datos censales. El resultado de los 19 meses dedicados a esa tarea habría sido un incremento de nada menos que de 32.602 personas con relación al anterior informe, el que se publicó con el rótulo de “oficial”, y de 362.659 personas del informe “preliminar”, el que fue presentado en enero de 2013 por el presidente Evo Morales.
Tal como era de esperar, tan significativas variaciones no pasaron desapercibidas para quienes más rigurosamente han vigilado todo el proceso censal desde sus etapas previas hasta los resultados que ahora se conocen. Y como también ya es habitual, las explicaciones del INE no han sido convincentes y sólo han servido para confirmar que todo el proceso fue llevado a cabo en medio de graves deficiencias técnicas.
Todas las deficiencias acumuladas durante el proceso han dado a su vez lugar a muchas otras, como también era de prever. La enorme confusión y falta de confianza que rodea los datos publicados recientemente por el Tribunal Supremo Electoral, reflejados, por ejemplo, en la enorme brecha que separa la cantidad de personas inscritas para las próximas elecciones que supera ampliamente las previsiones del TSE.
Si a lo anterior se suma que todas las imprecisiones tienen como telón de fondo muy serias dudas sobre la validez de la cartografía utilizada, el resultado es que los datos del Censo 2012, lejos de dar una idea más precisa y actualizada sobre la realidad demográfica de nuestro país, no han hecho más que multiplicar la confusión, la incertidumbre y la desconfianza.
En lo inmediato, la primera víctima de esa situación será sin duda el proceso electoral en curso. Es que si los datos básicos a partir de los cuales se ha planificado todo el proceso no son dignos de confianza, mucho menos lo serán las decisiones que se tomen a partir de ellos. Y lo mismo podrá decirse cuando llegue el momento de tomar otras decisiones basadas en la distribución demográfica de nuestro país.
Como es fácil constatar, los daños que la mala labor del INE ha hecho a nuestro país son enormes y sus efectos negativos se proyectarán durante los próximos años. Toda una lección sobre lo funestas que pueden llegar a ser las consecuencias de la subordinación de nuestras instituciones a los cálculos políticos circunstanciales y sobre lo urgente que es revertir la tendencia que conduce de la institucionalidad al imperio de la arbitrariedad.