BARLAMENTOS
Misicuni, ‘asicuni’ que hace llorar, no reír
El grupo de constructores estaba constituido por una empresa italiana que puso la cara –léase el currículo-, dos empresas colombianas, dos venezolanas y una boliviana. Mediante un contradocumento, el Anexo 16, resulta que la empresa italiana que poseía el know-how renuncia a las utilidades a cambio de una ‘prestación’ –léase ‘coimision’– de cuatro millones y medio de verdes, comprometiéndose “a otorgar el currículo y toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación señalada”. ¿No es esto urticante, cuando no ilegal? Si para montos menudos de cientos de miles los bancos exigen ser notificados de cambios en la composición accionaria, ¿no es intrigante que tratándose de decenas de millones de dólares el Estado siguió ignorando el Anexo 16, si es que le notificaron?..